1.
Si bien
parece claro que maximizar el beneficio de las inversiones a medio plazo es el
motor fundamental de las empresas de capitales, sería un error entender que la
cuantía del beneficio es el único factor determinante al respecto. Desde el
punto de vista del modelo de desarrollo, aceptar este análisis un tanto
reduccionista significaría que las decisiones básicas de la política económica
deberían ser valoradas fundamentalmente en función de si aumentan o reducen el
beneficio empresarial. En este tipo de apreciación tienden a coincidir las
posiciones liberales por un lado y una buena parte de las marxistas por otro.
2.
Sin embargo,
estas posiciones tienen su origen en análisis excesivamente generalizados. Si
es cierto que los empresarios en su conjunto invierten y producen más cuando
los beneficios son más altos, esto no nos dice ni cómo invierten, ni en qué
tipo de actividades, ni qué destino dan a los beneficios obtenidos. Y todo ello
pueden ser cuestiones clave para la configuración del modelo.
3.
Si la crisis
europea de las últimas décadas estuvo fuertemente entroncada en una crisis de
rentabilidad de las inversiones productivas, los empresarios e inversores
continuaron buscando rentabilizar sus inversiones en actividades de bajo valor
añadido, en inversiones financieras, en especulación inmobiliaria, a través de
la deslocalización de actividades o de la importación de mano de obra de bajo
coste.
4.
Esta realidad
ya nos está indicando, por sí misma, que la mayor o menor facilidad para buscar
fuentes de rentabilización alternativas es, lógicamente, una variable
significativa en la evolución de las inversiones.
5.
Los gobiernos
pueden adoptar medidas para evitar o limitar la fuga de capitales y pueden
incentivar o desincentivar los distintos destinos de los recursos de los
inversores. Esto no neutralizaría el impacto negativo de un hundimiento radical
de las tasas de beneficio en el sector productivo, pero podría retrasar durante
muchas décadas el efecto negativo de la caída de las tasas de rentabilidad.
6.
En la
práctica, los gobiernos pueden incidir en incentivar o penalizar distintos
orígenes del beneficio. Si se limitan a penalizar las fuentes alternativas de
inversión los empresarios pueden tender a evitar invertir y sustituir la
inversión por ahorro en función de las distintas formas disponibles o incluso,
dependiendo del contexto, por un mayor consumo. Esto puede llevar a los
gobiernos a penalizar también el ahorro o, alternativamente, incentivar
directamente la inversión productiva, ya sea en origen o a través de una menor
tributación de los beneficios generados por este tipo de inversiones.
7.
De una forma
equivalente, las políticas públicas pueden dar un tratamiento distinto a los
destinos del beneficio, incentivando la reinversión productiva del mismo y
desincentivando su destino a consumo, ahorro, inversión especulativa,
deslocalización, etc.
8.
Este tipo de
políticas tienen, lógicamente, un impacto limitado desde un punto de vista
histórico. Si se confirmaran las tesis de una parte del marxismo de un
inevitable declive continuado a muy largo plazo de las tasas de beneficio, este
impacto no podría en último término ser contrarrestado por políticas públicas
de incentivo o desincentivo. Pero, incluso en tal caso, podrían mantener viva
la inversión productiva durante generaciones.
9.
En último
término, nos encontramos también con un problema de economía política. Para que
los gobiernos europeos sean capaces de gestionar proactivamente políticas de
incentivo y penalización de distintas modalidades de inversión o de ahorro o
distintos destinos de los beneficios, sería necesario que los gobiernos fueran
suficientemente autónomos con respecto a los intereses particulares de las
grandes empresas. Y éste, por sí mismo es probablemente el gran reto de Europa
desde la perspectiva de la economía política y también del futuro del modelo de
desarrollo.