1. Como sabemos, la posición empresarial es probablemente el punto de
referencia clave a la hora de determinar las políticas a seguir para el impulso
de la participación de los trabajadores en la empresa.
2. Siendo esto así, parece claro que las distintas modalidades de
titularidad de la empresa pueden tener un interés fundamental a la hora de
enfocar este tipo de políticas.
3. En particular, el caso de las empresas públicas presenta un
particular interés al respecto. La experiencia demuestra que los directivos de
las empresas públicas y los responsables de los organismos que las controlan
muestran una resistencia sensiblemente inferior a la introducción de mecanismos
de participación cualificada de los trabajadores.
4. De hecho, la generalidad de los estados europeos ha venido
estableciendo disposiciones especialmente avanzadas para las empresas públicas
en cuanto a la participación de los trabajadores.
5. En el caso español, podemos hacer referencia especialmente a dos
casos de participación cualificada de los trabajadores en el sector público.
Por un lado, se produjeron importantes avances en los años 80 y 90
a través de la negociación colectiva, que facilitaron de hecho la presencia de
representantes de los trabajadores en grandes empresas públicas, algunas de las
cuales aún hoy se mantienen.
Por otro lado, tenemos el llamativo caso de las cajas de ahorros
que, en su conjunto, podemos ubicar como parte del sector público. Se trata de
un supuesto llamativo por la importancia de la participación de los
trabajadores en los órganos rectores de las cajas y también por la
conflictividad del final de esta participación, directamente ligada a la
desaparición del sistema de cajas de ahorro en España. Por unas u otras
razones, la percepción pública terminó relacionando esta participación de los
trabajadores con distintos casos de corrupción. Pero este caso merece un
análisis específico.
6. En cualquier caso, parece evidente que el sector público ofrece un
campo de experimentación de especial interés para la puesta en marcha de
sistemas de participación cualificada de los trabajadores.
7. Por supuesto, el interés del sector público empresarial para estas
estrategias está claramente limitado en nuestro territorio como consecuencia de
la drástica reducción que ha sufrido el peso del sector público durante las
últimas décadas. De cualquier forma, puede ser suficiente como un primer paso
de referencia, que facilite a los agentes sociales perder el miedo a este tipo
de procesos.
8. Una cuestión que requiere un análisis específico es la de los
mecanismos de participación en beneficios por parte de los trabajadores de
empresas públicas. Es muy posible que, al no estar estas empresas
necesariamente tensionadas en función de la obtención de beneficios, las
retribuciones de este tipo tengan problemas específicos de cuantificación o de
impacto a efectos retributivos. Todo ello merece un análisis específico en el
que es posible que las retribuciones participativas tengan que adoptar
referencias más complejas que la mera remisión a la cifra de resultados
contables.