POSICIÓN DE LOS AGENTES POLÍTICOS
1. Es evidente que los agentes políticos son, en último término,
decisivos a la hora de impulsar y aprobar normativas de impulso de la
participación cualificada de los trabajadores en los órganos sociales y en los
beneficios de la empresa. Esas normas deben finalmente ser aprobadas por el
Parlamento o por el Gobierno y ello requiere que, en uno u otro momento, los
agentes políticos clave apuesten por la adopción de esta decisión.
2. No obstante, no es fácil que los agentes políticos apuesten por
dar este tipo de pasos si se enfrentan a la disconformidad radical de las
organizaciones sindicales o de la patronal. Especialmente teniendo en cuenta
que el impacto positivo esperado de estos procesos es siempre de largo plazo,
no es fácil encontrarse ante una situación en la que un cambio normativo en la
participación de los trabajadores se vaya a considerar como una medida urgente
y que esta urgencia recomiende superar posibles posiciones contrarias a la
misma.
3. En cualquier caso, la buena imagen social de las propuestas de
participación de los trabajadores en la empresa debería ser un importante
incentivo para la activación de los grupos políticos en esta dirección. Ello y
también, por supuesto, la conciencia de que estos sistemas participativos
mejoran significativamente la situación de los trabajadores o la eficiencia
empresarial.
4. En un territorio como el nuestro, en el que no existe un
significativo caldo de cultivo con respecto al impulso de la participación
empresarial, los agentes políticos interesados deben plantearse los posibles
avances con una perspectiva de largo plazo. Ello supone que, antes de impulsar
directamente los cambios normativos correspondientes, parece conveniente
desarrollar estrategias de posicionamiento social e institucional que hagan el
proceso lo más fácil posible.
5. En principio, estas estrategias deben plantearse dos horizontes
básicos:
A.
La influencia sobre las
organizaciones empresariales y sobre otros agentes sociales y económicos
B.
La preparación del esfuerzo o del
posible coste político que suponga en su momento el salto definitivo entre el
cambio normativo a impulsar por un lado y, por el otro, las previsibles
diferencias de opinión que con respecto a dicho cambio planteen las
organizaciones empresariales.
Por supuesto, cuanto mayor sea el avance conseguido en el
posicionamiento de los agentes sociales en el primero de estos ámbitos, menor
será el esfuerzo político a realizar en la segunda fase de impulso del cambio
legislativo.
6. Como en cualquier estrategia de relaciones institucionales, los
grupos políticos deben analizar las posiciones actuales de los sindicatos y,
sobre todo, de las organizaciones empresariales. A partir de dichas posiciones
actuales, deben establecerse objetivos de corto y de largo plazo para influir
en la evolución de la opinión de estas organizaciones. El punto al que, en cada
momento, haya llegado esta opinión empresarial y la fortaleza y autonomía
política del grupo político o gobierno correspondiente serán los elementos
clave que nos definirán:
A)
En qué momento abordar los
procesos normativos o legislativos
B)
El alcance y la ambición de los
mismos con respecto a la posición de partida.
7. Todo ello, por supuesto, teniendo en cuenta los medios que en cada
momento se disponen para desarrollar estas estrategias. No es lo mismo un grupo
político de oposición con recursos limitados que otro que cuenta con una
presencia significativa en uno u otro gobierno y que, por lo tanto, va a contar
con importantes recursos personales y financieros para desarrollar estas
estrategias.
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