1. Desde EKAI Center hemos venido defendiendo[1]
la necesidad de revisar las políticas excesivamente estrictas de la Unión
Europea en contra de las ayudas públicas a las empresas y –en particular- de
las ayudas a las grandes empresas.
Este posicionamiento de EKAI Center se basa en que la exagerada
restricción establecida por la normativa europea sólo se sustentaba en evitar
una carrera competitiva en la concesión de ayudas entre los estados miembros y
esto debiera haber implicado como alternativa el establecimiento de políticas
de ayudas proactivas en la propia Unión Europea. Pero esto no se ha hecho de
forma significativa, provocando un vacío en la política económica difícilmente
explicable.
2. El entorno ultraliberal en el que nos movemos cada vez más durante
las últimas décadas parece considerar las ayudas a las empresas como un “regalo”.
Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la lógica económica. Las ayudas a
las empresas pueden ser, de hecho, una inversión para los entes públicos que
las conceden, incluso con generación de beneficios directos a través de
cotizaciones sociales o recaudación impositiva. No tener en cuenta esta
realidad es una consecuencia más del fanatismo liberal en el que Europa se ha
sumergido.
3. La distribución en el País Vasco de los fondos europeos para la
reconstrucción creados a partir de la crisis COVID-19 -y, en concreto, las
propuestas de ayudas a Iberdrola y Petronor- han puesto este tema sobre la
mesa.
4. Ya decimos que, en principio, no debemos partir de prejuicios en
contra de este tipo de ayudas. Todo depende, por supuesto, de lo que la
sociedad vasca obtiene a través de las mismas.
5. Evidentemente, los riesgos son mayores en las ayudas a grandes
empresas o empresas estratégicas, que por sí mismas pueden tener una gran
influencia sobre partidos políticos y gobiernos. En estos casos, con frecuencia
sucede que las ayudas se otorgan no como consecuencia del interés público de
las mismas sino como resultado del poder político de hecho de las empresas
beneficiarias.
6. Estos riesgos son los que hacen particularmente recomendable que
las ayudas públicas a empresas grandes o estratégicas se sustituyan, de ser
posible, por inversiones en capital. Estas inversiones, por sí mismas, tienden
a modificar la relación de poder entre empresa y poderes públicos y,
tendencialmente, a favorecer el sometimiento de las grandes empresas a los
intereses generales. Y éste es, en último término, el objetivo de las políticas
públicas.
7. En definitiva, de ser posible, la canalización de recursos hacia
empresas grandes o estratégicas debería canalizarse a través de la aportación
de capital con voto y, si esto no es posible, el proceso debe someterse a una
especial vigilancia para asegurar qué intereses se están realmente defendiendo
con estas ayudas.